Começamos o ano de 2012 a mil, com várias lutas caminhando.
E presenteamos a tod@s vocês noss@s compas, neste início de 2012, com a tradução de nosso relatório "Crimes de Maio e a Democracia das Chacinas" para o espanhol, feita muito solidariamente por nosso compa Waldo Lao e nossas compas do Desinformémonos!
Por favor nos ajudem a difundir!
Forte abraço e muitos frutos pra tod@s nós em 2012!
Firmes na Luta!
Mães de Maio
http://desinformemonos.org/2012/01/crimenes-de-mayo-en-sao-paulo/
Seis años de impunidad
CRÍMENES DE MAYO EN SÃO PAULO
Las madres de los caídos en mayo de 2006, durante ataques de exterminio coordinados por la policía paulista, hablan sobre el racismo oculto tras los asesinatos y sobre la impunidad que a seis años de la masacre impera en torno a este caso.
MADRES DE MAYO DE LA DEMOCRACIA BRASILEÑA
TRADUCCIÓN: WALDO LAO
“Hay un dicho que dice: vale millones de veces más la vida de un sólo hijo que todas las propiedades del hombre más rico de la tierra. Con toda propiedad yo digo: sí fue la mayor de todas nuestras riquezas…”
Flávia Gonzaga, Madre de Abril (2010)
Mapa de la violencia en Brasil
Campeón mundial de homicidios
Sao Paulo, Brasil. Actualmente, no es solamente de juegos olímpicos, copas del mundo e índices económico – financieros de lo que se compone nuestro cuadro de medallas en Brasil. En el momento en que fuimos invitadas a escribir este texto [1], nuestro país se consagraba (una vez más) oficialmente como campeón mundial de homicidios.
El reciente Estudio global sobre homicidios (2011), realizado por el Departamento de Drogas y Crímenes de la ONU (UNODC), confirma que entre las 207 naciones investigadas, Brasil es el país con el mayor número absoluto de homicidios anuales: un total de 43 mil 909 en 2009. Este estudio comprueba las estadísticas de homicidios en varios estados del país; eso, por no hablar sobre todos los casos que son marcados como “muertes por causas indeterminadas”, como es el caso de Río de Janeiro y Sao Paulo.
Brasil representa la quinta mayor población del mundo y nuevamente se consagró como “campeón mundial de homicidios”. De acuerdo con el estudio, el segundo país con más homicidios en un año fue la India, con 40 mil 752 muertes en 2009, aunque la población total india es casi seis veces mayor que la brasileña. Por su parte, China, el país más poblado del mundo (con cerca de siete veces más habitantes que Brasil), tuvo tres veces menos asesinados: 14 mil 811 homicidios en 2008, una tasa 21 veces menor que la brasileña.
En el ranking de los 207 países estudiados, cuando se considerada la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, la tan festejada neo-potencia Brasil – rumbo a consagrarse como la quinta mayor economía del mundo – aparece en la posición global número 184, con una tasa de casi 23 homicidios intencionales por cada cien mil brasileños. Vale registrar que el país con índices más altos es Honduras, con una tasa de 82 homicidios anuales por cada cien mil habitantes; en seguida aparecen El Salvador, con una tasa de 66, y Costa de Marfil con 57. Prácticamente todos los demás países que se ubican por delante de Brasil viven desde hace años en un contexto social de guerra explícita o simplemente no declarada.
Mapa de la violencia en Brasil: una historia de masacres
Los recientes datos divulgados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -y que no salieron en las noticias- confirman un escenario que ya venía siendo denunciado por muchos colectivos y especialistas en los últimos tiempos; es más, había sido admitido por el propio gobierno federal al inicio de este año: ¡entre 1998 y 2008, más de 520 mil personas fueron asesinadas en Brasil! ¡Una media de 47 mil 360 homicidios por año! Tales informaciones referentes al cuadro brasileño de violencia letal, basadas en aquello que las estadísticas consiguen alcanzar de la realidad, están en el “Mapa de Violencia 2011”, un estudio nacional del Ministerio de Justicia, realizado con base en una investigación en todo el territorio brasileño, coordinada por el profesor Julio Jacobo Waiselfisz.
También es importante registrar el corte racial que tiene esa violencia de clase contra la juventud pobre y negra del país: de cada tres asesinatos ocurridos entre 1998 y 2008, dos de ellos eran contra negros; la mayoría de ellos, jóvenes pobres de sexo masculino, de entre 15 y 24 años. Esto es lo que los movimientos sociales hemos denunciado como “genocidio de la juventud pobre y negra del país”. Como se ve, no es solamente una bandera de lucha para la agitación política, sino un cuadro que comprueba lo real. En 2008, afirma el mismo estudio, murieron 103 por ciento más negros que blancos. En 1998 esa diferencia ya existía, pero era de 20 por ciento, lo que es bastante revelador de la persistente selectividad racial que tiene la violencia en el país. Los números muestran que mientras los asesinatos de blancos decrecen, los de negros continúan ascendiendo. Entre 2005 y 2008 hubo una disminución de 22 por ciento en los homicidios de personas blancas; entre los negros, la tasa aumentó a 12 por ciento.
La democracia de las masacres
El escenario catastrófico de esos últimos diez años no es algo extraordinario como una niebla de guerra de paso, o cualquier excepción a una supuesta normalidad histórica distinta. Se trata, por el contrario, de una de las características constitutivas de nuestra sociedad desde el genocidio de los pueblos originarios, el tráfico de negros y la esclavitud masiva que marcó nuestra colonización. Es una característica estructural de nuestra sociedad que no fue superada – solamente reinventada de vez en cuando – con la independencia, ni después con la llegada de la república y de la (falsa) “abolición”; tampoco, recientemente, con la transición a la celebrada democracia al final del siglo XX: un Estado penal y punitivo perpetuado a lo largo de todos esos años, cuyas élites civiles y militares que lo controlan niegan el derecho a la memoria, la verdad y la justicia frente a todos sus actos del pasado y del presente. Queman cuerpos y toda su historia, muchas veces literalmente. Es un enorme aparato represivo que insiste en que los agentes policiacos y paramilitares sean los principales protagonistas impunes de esa violencia extra-legal, exacerbada y continua contra los enemigos internos definidos por los dueños del poder en turno: sus enemigos de clase y de raza.
Como ya pudimos gritar en tantos otros momentos (como en nuestro libro Madres de Mayo – del Luto a la Lucha, Sao Paulo, 2011), no es por otra razón que nuestros compañeros de la Red de Comunidades y Movimientos Contra Violencia de Río de Janeiro bautizaron el período democrático que vivimos después de la promulgación de la Constitución Federal de 1988 como “la era de las masacres”; éste es el nombre más apropiado para la fase actual de esa larga historia de masacres. Al final, en la secuencia de la tan alardeada “apertura democrática” y la promulgación de la dichosa “Constitución ciudadana”, menos de dos años después, la Masacre de Acari anunciaría lo que nos esperaba por delante. De aquí para allá, una sucesión de masacres concentradas en trabajadores pobres, negros y periféricos resurge constantemente en la ya altísima, fría y constante curva de las estadísticas de homicidios cotidianos de Brasil, tasas que muestran y permanecen como las mayores del mundo. Así se sucedieron innumerables masacres como las de: Acari (1990), Matupá (1991), Carandiru (1992), la Candelária y Vigário Geral (1993), el Alto de Bondade (1994), Corumbiara (1995), Eldorado dos Carajás (1996), São Gonçalo (1997), Alhandra y Maracanã (1998), Cavalaria y Vila Prudente (1999), Jacareí (2000), Caraguatatuba (2001), Jd. Presidente Dutra y Urso Branco (2002), Amarelinho, Via Show y Borel (2003), Caju, Plaza de la Sé y Felisburgo (2004), la Baixada Fluminense (2005), los Crímenes de Mayo (2006), del Complejo del Alemão (2007), del Morro da Providência (2008), de Canabrava (2009), Vitória de la Conquista y los Crímenes de Abril en la Baixada Santista (2010) y la Masacre de la Praia Grande (2011).
Estado de exterminio
Los Crímenes de Mayo de 2006
Los Crímenes de Mayo representan el caso más emblemático de la llamada “democracia de las masacres”, en conjunto con la Masacre de Carandiru en 1992 (que fue la mayor masacre carcelaria de la que se tiene noticia en la historia del país y a la que, hasta el día de hoy, no se le ha dado el debido juicio ni la debida responsabilidad y seriedad que merece). También forman parte de esta historia la Masacre de la Candelaria (1993) – como símbolo de cobardía contra niños y adolecentes, que fueron asesinados mientras dormían en la calle, frente a una de las principales iglesias del centro de Rio de Janeiro-; y, por último, la Masacre de Eldorado de los Carajás (1996) -la más violenta matanza ocurrida en el campo de esta era de democracia brasileña-, una matanza que también continúa impune y en la cual fueron brutalmente asesinados decenas de trabajadores rurales del Movimiento de los Sin Tierra (MST) que luchaban legítimamente por sus derechos.
Los Crímenes de Mayo (2006) ocurrirían a más de una década de estos fatídicos episodios, sin que la verdad sobre ellos venga con un efectivo cambio de postura. Todo lo contrario, nos muestran que persisten la mentira y la injusticia, íntimamente asociadas a la violencia de las estructuras de nuestra sociedad, una sociedad regida por el dinero, las armas y el mercado. El terror practicado principalmente por el Estado “democrático” y por sus agentes en Sao Paulo acabó también victimando a nuestros hijos e hijas: más de quinientas personas fueron asesinadas (y por lo menos cuatro desaparecidas) en cerca de ocho días, lo que representa más víctimas que el ya terrible número de muertos y desaparecidos producido (en el país entero) por la última dictadura civil-militar brasileña a lo largo de sus 25 años (1964-1988).
Los hechos
En el período que va del 12 al 20 de mayo del 2006, la ciudad de Sao Paulo vivió una ola concentrada de violencia: centenares de personas fueron asesinadas y decenas de prisiones se rebelaron simultáneamente en la mayor metrópoli sudamericana. La ciudad quedó paralizada. Estos hechos fueron mundialmente divulgados por la prensa corporativa como “los ataques del Primer Comando de la Capital (PCC)” (entidad acusada de liderar presos y coordinar acciones criminales). Cinco años después de esa ola de violencia, todavía no sabemos lo que ocurrió durante aquellos días. Entre los centenares de casos no investigados hay inclusive los de muchos jóvenes desaparecidos, con indicios de haber sido enterrados en fosas comunes. Hasta el día de hoy, no hay siquiera un relato oficial por parte del Estado que intente explicar y dar una respuesta mínimamente satisfactoria a la sociedad sobre lo ocurrido. Renunciaron incluso a cualquier formalidad y quedaron simplemente en silencio, gozando de su impunidad secular.
¡Pero esta vez decidimos que no sería así! Con base en las investigaciones realizadas por colectivos autónomos de la sociedad, incluyendo el apoyo de entidades como el Consejo Estatal de Defensa de la Persona Humana de Sao Paulo (CONDEPE-SP), la ONG Justicia Global, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, la Defensoría Pública del Estado de Sao Paulo, el Observatorio de Violencias Policiales de Sao Paulo, el Grupo Tortura Nunca Más-SP y nosotras, del movimiento Madres de Mayo de la Democracia Brasileña, pudimos comenzar a entender mejor, por nosotros mismos, lo que ocurrió en el trágico periodo ahora conocido como “Crímenes de Mayo de 2006”. A continuación describimos algunos de sus principales momentos.
Acciones y la “reacción” del Estado
Todo indica que la ola de violencia comenzó el día 12 de mayo (víspera del día de las madres). En los dos primeros días, cuarenta y tres agentes públicos fueron asesinados en ataques atribuidos al PCC. La mayoría de los homicidios no ocurrió durante tiroteos, sino que fueron fruto de emboscadas contra agentes públicos (la mayor parte, policías de bajo rango y agentes penitenciarios) que se encontraban en su tiempo libre, en las calles, restaurantes, bares o espacios públicos de Sao Paulo. Tales funcionarios públicos no habían recibido alerta alguna de las autoridades que los comandaban, probablemente debido a la intensa presión electoral que estaba en curso. Por más que los planes atribuidos al PCC eran ya del conocimiento de muchos comandantes (semanas y hasta meses antes de los ataques), había la imagen de los políticos-candidatos importantes a ser vigilados. Hay quienes apuntan, con indicios concretos, que diversos sectores rivales de la policía se habrían aprovechado de la coartada del PCC para arreglar cuentas entre sí, es decir, entre facciones rivales dentro de la misma policía. Además de esos ataques, el PCC también organizó rebeliones en más de la mitad de los presidios de Sao Paulo; ordenó el incendio de varios autobuses y afectaron a algunos bancos. Paralizaron la circulación de los transportes y de una significativa parte del negocio mercantil-financiero en el Estado como estrategia para llamar la atención sobre sus reivindicaciones, relacionadas sobre todo con las malas condiciones del sistema penitenciario.
Por su parte, la “reacción” del Estado (también llamada de “respuesta”) se trató, supuestamente, de “tomar represalias” por la ola de violencia que habría sido iniciada por el PCC. En los siguientes días, la policía y los agentes paramilitares relacionados con ella pasarían a intensificar brutalmente una práctica ya verificada históricamente en su actuación cotidiana en el Estado de Sao Paulo, al menos desde el surgimiento del Escuadrón de la Muerte en los años 1960, y la prolongación de su ejemplo en la conducta de muchos integrantes de las Rondas Ostensivas[1] Tobias de Aguiar (ROTA) dentro de otros grupos policiales violentos: la “matanza de sospechosos” en las periferias, con la participación de exterminadores públicos y/o agentes privados (algunos también relacionados con empresas de seguridad privada).
Cuando el auge de los llamados “ataques del PCC” había pasado, cerca del 14 de mayo, los comandantes de las policías incentivaron y/o aceptaron una respuesta violenta e indiscriminada, mucho más violenta que los primeros ataques, por parte de sus subordinados, siendo así complacientes o hasta incentivadores de violaciones a los derechos humanos a gran escala contra la población de Sao Paulo, en especial contra los moradores de áreas pobres y periféricas. Además de detenciones en serie y ejecuciones, verdaderas prácticas terroristas se instauraron en muchos barrios periféricos, dejando traumas hasta el día de hoy. Muchas de nosotras vivimos en carne propia, en la secuencia de los primeros ataques, la instauración de un brutal “toque de queda” no oficial: después de las 19 horas era realmente peligroso andar por las calles. Pero, evidentemente, como mucha gente no tenía opción, éramos victimas de humillación, amenazas, detenciones, y, en algunos casos, ejecuciones. Muchos de nuestros muertos fueron víctimas de ese escenario de guerra decretado, principalmente, contra la periferia.
Actualmente, hay muchos indicios de que el alto mando de la policía –con el aplauso de representantes de las élites y, posteriormente, del propio Ministerio Público de Sao Paulo – decidió “la puesta en marcha, sin dolor ni piedad” por la población, de forma abusiva e indiscriminada, matando de inicio a más de cien personas, gran parte de ellas en circunstancias que poco tenían que ver con la supuesta “legítima defensa” (los llamados “autos de resistencia seguida de muerte”, que han dado una verdadera “licencia para matar” a las policías de diversas regiones del país). Además de eso, policías encapuchados, integrantes de grupos de exterminio, mataron generalizadamente a centenares más de personas en las silenciosas noches. Esos policías realizaban “cazas” aleatorias de hombres jóvenes pobres, algunos en función de sus supuestos antecedentes criminales o de tatuajes (como señales de relación con el crimen), y muchos otros con base en mero prejuicio por el color o la apariencia: racismo puro y simple. El famoso “estar en el lugar equivocado a la hora equivocada”
Según el informe Sao Paulo sob achaque, publicado en mayo de 2011 por la ONG Justicia Global y por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard y que presentó una extensa investigación sobre los eventos de mayo del 2006, al menos 122 homicidios ocurridos entre los días 12 y 20 de mayo de aquel año contenían indicios consistentes de ser ejecuciones practicadas por policías. En ese mismo informe, los investigadores también muestran como la alta cúpula de la policía, comenzando por el entonces Secretario Estatal de Seguridad Pública, Saulo de Castro, dio órdenes explícitas para que se hicieran los ataques abusivos que acabarían fatalmente con centenares de trabajadores pobres y negros.
Tales datos y análisis sólo refuerzan cuestiones que ya habían sido planteadas y denunciadas por diversas entidades que participaron en el informe-libro Crímenes de Mayo (organizado por Rose Nogueira y publicado por CONDEPE-SP al final de 2006). Esta publicación fue un puntapié inicial extremamente importante para nosotras las madres, en el sentido de luchar por la memoria, la verdad y la justicia relacionadas con el trágico episodio, en especial debido a los extensos y bien hechos informes cualitativos sintetizados por la Comisión Independiente (formada en aquel tiempo junto con el Consejo Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP), comisión que llegó al primer número oficial de 492 muertes en la matanza. Fue únicamente a partir de la lectura de este libro que muchas de nosotras despertamos y comenzamos a entender un poco mejor lo que había sucedido con nuestros hijos y que éramos muchas familias en la misma situación.
Tanto el estudio de la CONDEPE-SP como, posteriormente, otra investigación publicada por la ONG Conectas en 2009 (“Análisis de los impactos de los ataques del PCC en mayo del 2006”, coordinada por el profesor Ignacio Cano de LAV-UERJ), aunque esta última tenga un abordaje complicado por tratar la matanza generalizada como simple “represalia”, confirman que la existencia masiva de ejecuciones sumarias cometidas contra jóvenes, en posición de indefensión –y no de ataque, como siempre se alega–, con trayectorias balísticas de arriba para abajo, a una corta distancia, con centenares de tiros en la nuca, en partes vitales y en las palmas de las manos, extendidas para protección, palmas que la mayoría de las veces no tenían vestigios de pólvora. Son evidencias contundentes, por lo tanto, de casos donde no hubo la alegada “confrontación seguida de la muerte”. Además, se confirmó también la alteración de muchas escenas de crímenes y otras interferencias en informes periciales por parte de la policía, que llegó a retirar decenas de cuerpos de los lugares donde de hecho fueron atacados, pero no para ayudarlos sino para acabar de matarlos y desaparecer los vestigios de sus asesinos.
Esta última investigación, coordinada por Ignacio Cano, consiguió verificar en total 564 casos de muerte por arma de fuego en Sao Paulo en el periodo del 12 al 21 de mayo de 2006; de éstos, al menos 505 eran civiles y, la inmensa mayoría, jóvenes pobres del género masculino (de 15 a 25 años) asesinados de madrugada (entre las diez de la noche y las tres de la madrugada). Además hubo 110 heridos, 97 de ellos civiles.
Crímenes cometidos por grupos de exterminio
Gran parte de las muertes ocurridas en mayo del 2006 fueron cometidas por grupos de exterminio, que actuaban (¡y continúan actuando!) de forma muy semejantes: personas encapuchadas, en motos o en carros obscuros, con vidrios polarizados, que disparaban contra jóvenes en las calles o en bares localizados en barrios pobres, y en seguida “limpiaban” toda la escena del crimen, recogiendo las cápsulas, retirando los cuerpos del local, apagando grabaciones del sistema de radio policial y/o eventuales cámaras próximas, etcétera. Hay muchos indicios de que esos grupos de exterminio están formados por policías o ex-policías y, en diversos casos, se observó el mismo modus operandi en todo el Estado: en la periferia de la capital, en Guarulhos y en diversos barrios populares del litoral alrededor de Santos. Entre los grupos de exterminadores más bárbaros destacan los “Highlanders”, que actúan en la periferia de la Zona Sur de Sao Paulo, y “Los Ninjas”, de la Baixada Santista.
Baixada Santista
La ola de violencia no estuvo restringida solamente a la capital –como muchos piensan hoy todavía-. En la Baixada Santista se verificó que al menos 11 jóvenes fueron asesinados por encapuchados, probablemente con la participación de policías exterminadores, entre los días 14 y 18 de mayo del 2006. Se calcula que, durante todo ese período de los Crímenes de Mayo, hubo más de 70 muertes en la Baixada. Las investigaciones de esos casos fueron fallidas y prácticamente todos los casos fueron archivados. Con base en nuevas pruebas recogidas por los familiares de algunas de las víctimas que indican la participación de policías militares en las muertes, fue elaborado un pedido de incidencia de cambio de competencia para que los casos fueran reabiertos y pasaran a ser investigados por el gobierno federal, y para que el Estado de Sao Paulo asuma todas sus responsabilidades en el episodio. Aquello es una de las principales banderas hoy de nuestro movimiento Madres de Mayo: la apertura de los archivos y la federalización de las investigaciones de los crímenes de mayo del 2006 y de los crímenes de abril del 2010.
Desde mayo del 2006, en la Baixada Santista se han registrado muchos casos de violencia policial, que ya dieron como resultado más muertes que las ocurridas en aquel periodo, con varios indicios de participación de los mismos grupos de exterminio. Es más, las ciudades de la Baixada figuran ya, desde hace algún tiempo, entre las más violentas del Estado. Esto volvió a confirmarse, por ejemplo, durante los Crímenes de Abril del 2010 – cuya historia y el testimonio de familiares pueden ser también consultados en nuestro libro Madres de Mayo – del Luto a la Lucha (Sao Paulo, 2011).
Falta de investigación, archivamientos y selectividad
Las investigaciones policiales sobre las ejecuciones que siguieron a los llamados “ataques del PCC” fueron casi uniformemente archivadas sin el debido esclarecimiento, salvo en los casos que involucraban la muerte de un agente policial. Sobre las muertes ejecutadas por agentes en supuestas confrontaciones, los policías únicamente resultaron imputados en relación a seis de las 51 víctimas en las que había algún indicio de ejecución. O sea, en la mayoría de los casos de muertes cometidas por policías no se juzgó ni siquiera la ilicitud o no de la conducta del agente estatal. Hubo conductas cotidianas absurdas como, por ejemplo, la ejecución de un joven en un cementerio, después registrada como “resistencia seguida de muerte”, que fuera atestiguada y narrada por teléfono por una valiente señora este año, o la postura de otro policía que apareció en un video hablando con un joven muchacho baleado “sacudido” hasta morir, fallecimiento que después registraría también como “RSM”.
Sobre mayo del 2006, con respecto a los casos de posibles ejecuciones por parte de grupos de exterminio compuestos por policías, mientras que la División de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP) -departamento de élite de investigación de homicidios en Brasil- esclareció más de 85 por ciento de los homicidios que investigó en los que agentes públicos figuran como víctima (12 de 14), dicho organismo sólo esclareció parcialmente la autoría de apenas el 13 por ciento (4 de 34) de los homicidios con sospecha de participación de policías. Y mientras la DHPP normalmente esclarecía más de 90 por ciento de las masacres de su competencia antes del 2006, con relación a mayo del 2006 sólo esclareció (parcialmente) una de cada cuatro masacres (25 por ciento) en las que había sospecha de involucramiento de policías miembros de grupos de exterminio.
Los motivos detrás de los crímenes
La explicación más común que se dio para el inicio de la llamada “ola de ataques del PCC” fue el traslado de 765 (supuestos) líderes de esta organización para separarlos del resto del sistema penitenciario, muchos hacia el temible Régimen Disciplinar Diferenciado (RDD). Sucede que esta explicación parece estar, por demás, incompleta. Como demuestra públicamente el informe Sao Paulo sob Achaque, hay fuertes indicios de que los ataques también habrían sido motivados, en gran medida, por las extorsiones practicadas por policías contra los familiares de supuestos líderes del PCC.
Según conclusiones (también ya publicadas) de la Policía Civil y del Ministerio Publico, “los investigadores Augusto Peña y José Roberto de Araújo, que en 2005 trabajaban en la ciudad satélite de Suzano, habrían montado un ‘sector de inteligencia’ para el trabajo de investigaciones con conversaciones telefónicas obtenidas con autorización judicial, con el objetivo declarado de investigar a grandes traficantes de la región y supuestos integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC)”. Como parte de sus actividades, habrían usado las grabaciones incriminadoras para extorsionar a los supuestos líderes de la organización. En una de esas ocasiones, los policías civiles Peña y Araújo habrían secuestrado a Rodrigo Olivatto de Morais, hijastro de Marcola [acusado de ser uno de los líderes del PCC] y por quien, según informaciones, el líder “albergaba profundos sentimiento”. En declaraciones prestadas por Marcola después del inicio de los ataques, declaraciones hoy accesibles al publico en diversas fuentes, él habría mencionado que el secuestro de Rodrigo fue uno de los motivos para la “venganza”. La delegación de Suzano fue atacada dos veces durante la ola de violencia en mayo del 2006. Todo eso está en los informes en línea arriba citados.
En ese contexto, varios agentes públicos han asumido posturas contradictorias con la versión oficial de la policía de “combate al PCC”, al ejercer papeles de colaboradores, competidores, negociadores y/o cobradores de propinas (sobornos). Sin generalizar, en relación a todos los policías y demás agentes públicos es necesario decir que el Estado, en resumen, y muchos de sus agentes, muestran estar situados ellos mismos en el corazón de lo que sus agentes acostumbran llamar (y la gran prensa corporativa les hace eco) “crimen organizado” -como si fuera algo externo a ellos, contra lo cual estarían actuando-. Como estamos demostrando en este informe sobre los Crímenes de Mayo del 2006 y la Democracia de la Masacres, las cosas realmente no son como ellos dicen. Todo lo contrario.
Los desaf’íos actuales
Apuntes (in)conclusos
Hasta hoy, cinco años después de mayo del 2006, no hay un informe oficial investigando todos los hechos y muertes ocurridas durante ese período. Es inaceptable que una crisis aguda que dio como resultado centenares de muertes y ataques en las calles, decenas de rebeliones en el sistema carcelario y la parálisis y amedrentamiento de la mayor metrópoli de América del Sur, entre otras importantes ciudades, no haya motivado a los gobernantes del estado de Sao Paulo (ni a cualquier otra instancia) a realizar algún procedimiento público riguroso, imparcial y transparente para dar una respuesta unificada a la población sobre lo que ocurrió realmente, y lo que debería hacerse al respecto. Se reproducen así, en un llamado “Estado democrático de derecho”, los crímenes autoritarios de lesa verdad y de lesa justicia, tan recurrentes en toda la historia de Brasil.
No ha sido otra la razón de la persistencia incansable de nuestro movimiento, que busca todavía en 2011, por vías estatales y federales (en la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y en el Ministerio de Justicia), la convocatoria a una audiencia pública directa con el gobernador del estado de Sao Paulo, el Señor Geraldo Alckmin, y con los respectivos jefes de la Seguridad Pública del estado. Es el mismo Señor Geraldo Alckmin que en la época, recién salido del gobierno paulista para concurrir a las elecciones presidenciales, ya esquivaba cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido aún cuando las muertes ocurrieron durante el periodo de su gestión.
La conclusión que sale de todo lo que ha sucedido hasta este momento, una conclusión basada en muchos documentos y elementos concretos -como estamos mostrando en este texto-, es que los Crímenes de Mayo del 2006, más que la demostración de una supuesta fuerza del PCC, como se dijo por ahí, revelaron la verdad de un Estado completamente envuelto en las tramas de la violencia contra su propia población, a la cual sus instituciones y agentes dicen “representar”, “proteger” y “asegurar sus derechos”. Al final, el Estado ha revelado que no solamente permite sino que, en la práctica, participa activamente y es totalmente connivente con la tan alardeada “corrupción” que fortalece a las verdaderas facciones criminales; el Estado ha organizado su sistema carcelario multiplicando el número y la opresión contra los detenidos y, cuando le interesa, realizando o quebrando acuerdos con las facciones de prisioneros como él bien entiende; el Estado no ha dado las mínimas condiciones, mucho menos seguridad, para la gran mayoría de la población; ni siquiera para muchos de sus propios agentes públicos – generalmente aquellos más pobres, con el rango para hacer los trabajos más pesados.
Por el contrario, el Estado acostumbrado a decidir, en mayo del 2006 optó una vez más por la reacción violenta y por la masacre de determinado sector de la población como “respuesta preventiva” a una situación de crisis interna y/o externa, profundizando la violencia con la cual sus agentes ya actúan cotidianamente desde hace mucho tiempo. Y al encubrir los Crímenes de Mayo, o al simplemente fingir investigarlos –para ganar tiempo y burlar a su propia ley–, el Estado en la práctica mantiene, amplía y legitima el corporativismo y la impunidad total de sus agentes, libres en la práctica para matar a todos los que ellos consideran “sospechosos”.
Sao Paulo hoy
El resultado es que Sao Paulo se encuentra en una situación igual, si no es que peor, a la que estaba en la víspera de los Crímenes de Mayo. Los esquemas de “corrupción” –que, la verdad, son los mecanismos normales y fundamentales- que sustentan al alto crimen organizado relacionado con el Estado persisten, y sus tramas son cada vez más sofisticadas.
La clase trabajadora – principalmente en las periferias-, e incluso los mismos agentes públicos de la parte más pobre de la cadena estatal, siguen siendo vulnerables a innumerables situaciones de riesgo para la integridad física y sicológica, con lo que se alimenta el círculo vicioso de la violencia policial (presión, extorsión, abusos, torturas, detenciones en masa, ejecuciones en serie, etcétera).
También la disminución de la tasa de homicidios en el estado es cuestionable, como ya vimos; todos sabemos muy bien que no ha habido ninguna mejora en la actuación policial que ha generado esto, y a qué precio el supuesto cambio se está dando. El modelo de gestión de seguridad pública adoptado en el estado de Sao Paulo en los últimos tiempos, diferente a las ya criticadas Unidades de Policía “Pacificadora” (UPPs) que han sido adoptadas en Río de Janeiro y otros estados, ha sido una combinación deliberadamente perversa compuesta por: a) la expansión acelerada del encarcelamiento en masa [2]; b) reducción formal de las estadísticas de homicidios con métodos espurios; c) ampliación de las flotas y de los cuadros de policías, cada vez más armados con equipamientos de alta tecnología para vigilancia, monitoreo y represión (lo que no significa menor poder letal, sino lo contrario); d) la multiplicación de operaciones policiales en las favelas –por lo general relacionadas con los intereses de la especulación inmobiliaria; e) operaciones policiales violentas vinculadas con el arraigo y la proliferación (con fuerte propaganda) de los llamados Consejos Comunitarios de Seguridad (Consegs), que se han instalado en diversos barrios promoviendo alianzas eficaces entre cuadros gestores de la policía y las élites locales (comerciantes, políticos locales, subdelegaciones, clientelas diversas, etcétera) y forjando un cuestionable “diálogo ciudadano” entre moradores y policías, las llamadas “personas de bien”, en el mismo espacio en que se fortalecen las ideas de “tolerancia cero”, represivas y punitivas contra “los bandidos”, “los invasores”, “los contaminadores del medio ambiente”, etcétera. Es una experiencia creciente sobre la que no podremos tratar con profundidad en este texto, pero que ha traído consigo, en muchos casos, una ideología represiva y punitiva que, acto continuo, se ha vuelto contra los propios moradores de las comunidades-objetivos, principalmente sus jóvenes pobres y negros (objetivos de la policía), además de las familias en la mira de los desalojos inmobiliarios-, contribuyendo así a la persistencia de injusticias y opresiones, dentro y fuera de las cárceles.
De todas formas, la violencia y la letalidad policial permanecen en niveles elevados. Entre el 2005 y el 2009, la Policía Militar de Sao Paulo mató más que todas las policías de los Estados Unidos de América juntas. Como demostró también la carta publicada en el 2011 por la propia Relatoría de la Policía de Sao Paulo, en 2009 hubo un aumento de 41 por ciento en el número de casos de “resistencia seguida de muerte” con respecto al 2008: 524 personas fueron asesinadas por la Policía Militar de Sao Paulo, contra 397 del año anterior. Acaban de salir además otros datos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SSP-SP) que afirman que los “homicidios aumentan por cuarto mes consecutivo en el estado de Sao Paulo en los últimos meses del 2011″. En el primer semestre del 2011, la existencia de 40 sucesos de “RSM” practicadas por la ROTA aumentó frente al mismo período en 2009 (21 casos) y 2010 (36 casos); ese batallón cuyo sitio en internet celebra diversas masacres populares de la historia del país, y cuyo comandante no tiene vergüenza en hacer apología de los “Boinas-Negras” con su “dios en el corazón y la pistola en las manos”.
Si los agentes policiales y paramilitares relacionados con el Ejecutivo tienen esa conducta de detener en masa y, muchas veces, ejecutar sumariamente, el sistema judicial acaba por fomentar la condena extensiva de esos jóvenes al terror de las cárceles, y también la impunidad de los responsables de las ejecuciones -a veces llegando al punto de recomendar a los policías que ajusten sus miras para matar-. De esta manera entierra cualquier esperanza de Justicia, junto con los cuerpos de nuestros jóvenes presos y muertos en masa. Como siempre decimos: “la policía detiene y mata, el judicial entierra”.
En resumen, la actitud del Estado frente a los Crímenes de Mayo -en particular- y a toda esta Democracia de las masacres, en especial en el estado de Sao Paulo, solamente ha empeorado la situación que él mismo creó y reproduce. Esta situación sigue afectando a las ciudades por dentro, a sus barrios, comunidades e instituciones; siempre tiende a explotar en las calles nuevamente, como las tragedias de “baja intensidad” o que estallan en forma de masacres a gran escala, de las peores maneras posibles.
Próximos pasos de las Madres de Mayo
Por nuestra parte, frente a tal escenario seguiremos nuestra lucha por el derecho a la memoria, la verdad y la justicia para todas las víctimas históricas del Estado brasileño, ayer y hoy. En este sentido, son tres las prioridades de nuestro movimiento para el próximo periodo: 1) Seguir luchando, en todas las instancias nacionales e internacionales posibles, por la federalización de las investigaciones de los Crímenes de Mayo del 2006 y de los Crímenes de Abril del 2010; el debido juicio y castigo a los responsables (comenzando por el propio Estado) viene con la legítima reparación de las víctimas y familiares; 2) fortalecer, a nivel nacional e internacional, la “Campaña por el fin de los autos de resistencia seguida de su muerte” y similares en todo Brasil, esta verdadera licencia para matar que perpetúa un efectivo estado de excepción contra la población pobre y negra del país – esta abolición, además, está prevista en el Programa Nacional de Derechos Humanos 3 (PNDH-3) como una propuesta de las Madres; y 3) Continuaremos en la lucha por el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia en todas las masacres promovidos por el Estado, en tiempos de la dictadura o de la democracia, con enfoque particular en 2012 hacia la ampliación del alcance de las Comisiones de Verdad (y Justicia) esbozadas hasta aquí, al 20 aniversario de la Masacre de Carandiru y a los seis años de los Crímenes de Mayo. Esta vez deberemos hacer una gran actividad nacional, en mayo del 2012, en la Baixada Santista, junto con nuestros compañeros y compañeras de la Red Nacional de Familiares y Amigos de Víctimas del Estado Brasileño.
Frente a la persistencia de esta barbarie, el hecho es que cada día nos decepcionamos más y más con eso que insisten en llamar “democracia”. Mientras muchos vibran hipnotizados a la espera de la próxima medalla nacional o de la próxima Copa del Mundo, de nuestra parte sólo la lucha misma y el sueño de otra sociedad son lo que nos da fuerzas para sobrevivir en medio de este verdadero infierno.
Este artículo fue publicado originalmente en portugués en la página Passa Palavra (www.passapalavra.info)
NOTAS
[1] Este artículo fue escrito colectivamente por integrantes de las Madres de Mayo en octubre de 2011, y contó con apoyo de compañeros de Justicia Global y de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, a quienes expresamos nuestro agradecimiento.
[2] El sistema carcelario paulista actualmente tiene cerca de 170 mil presos, de un total de aproximadamente 495 mil en todo el país.
Estudios, libros y otros artículos relacionados
Datos recientes sobre homicidios en Brasil
• “Estudo Global sobre Homicídios – 2011”, realizado pelo Departamento de Drogas e Crimes da ONU (UNODC)
• “Mapa da Violência 2011”, um estudo nacional publicado no dia 25 de fevereiro de 2011 pelo Ministério da Justiça, com base numa pesquisa em todo território brasileiro coordenada pelo Prof. Julio Jacobo Waiselfisz
• “Capítulo Brasil – Relatório Anual de 2010 da Human Rights Watch”, publicado em Janeiro de 2011, com destaque negativo ao “problema crônico da Segurança Pública e Conduta Policial” no país
Datos recientes sobre la violencia policial y penitenciaria en São Paulo
• “15 Anos da Ouvidoria da Polícia (1995-2010)”, Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, Imprensa Oficial, 2011
• Estatísticas Nacionais do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) do Ministério da Justiça e seu Banco de Dados INFOPEN – com informações atualizadas até final de 2010
• “Favela atrás das grades – São Paulo e suas redes penitenciárias”, artigo de Rafael Godói publicado no final de 2010 no sítio Desinformemonos (http://desinformemonos.org/2010/10/a-favela-atras-das-grades/)
Sobre los crímenes de Mayo del 2006 y temas relacionados
• “Mães de Maio – do Luto à Luta” – Nós por Nós, São Paulo, 2011
• “Barbárie e Direitos Humanos: as Execuções Sumárias e Desaparecimentos Forçados de Maio de 2006 em São Paulo”, dissertação de mestrado defendida em Out/2011 na PUC-SP por Francilene Gomes Fernandes, irmã de Paulo Alexandre Gomes, um dos desaparecidos de Maio de 2006
• “São Paulo sob achaque”, relatório publicado em Maio/2011 pela ONG Justiça Global e pela Clínica Internacional de Direitos Humanos da Universidade de Harvard
• “Crimes de Maio”, coletânea de artigos organizada por Rose Nogueira, atual presidente do GTNM-SP, publicada pelo CONDEPE-SP no final de 2006
• “Análise dos impactos dos ataques do PCC em maio de 2006”, pesquisa publicada pela ONG Conectas, São Paulo, em 2009
• “Crimes de Maio de 2006: quem pagará por isso?”, Série Especial de Reportagens feita por Renato Santana, do jornal A Tribuna da Baixada Santista, publicada em Maio de 2010 (http://www.torturanuncamais-sp.org/site/index.php/saiu-na-imprensa/219-crimes-de-maio-a-tribuna-; http://www.slideshare.net/LuisNassif/crimes-de-maio)
• “Violência estatal contra a juventude pobre, em sua maioria negra: os crimes de maio/2006 em São Paulo e o histórico genocida de execuções sumárias, o sistema prisional paulista, a violência institucional e a morte de jovens na Fundação Casa”, sistematização da 3a sessão de instrução do “Tribunal Popular: o Estado Brasileiro no Banco dos Réus”, atividade realizada em Dezembro de 2008, na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo-SP.
• “Estado Autoritário e Violência Institucional”, artigo de Ângela Mendes de Almeida publicado em Set/2007 (http://www.ovp-sp.org/debate_teorico/debate_amendes_almeida.pdf). A companheira Ângela também é coordenadora do Observatório de Violência Policiais de São Paulo (http://www.ovp-sp.org), uma importantíssima fonte de informações sobre a atuação violenta da polícia em todo o estado, e também sobre os Crimes de Maio de 2006.
• “Duas vezes pânico na cidade”, de Paulo Arantes (http://www.ovp-sp.org/artg_pauloarantes.pdf )
• “Estão escondendo os corpos porque é tudo execução”, entrevista de Ferréz à Carta Maior em Maio/06 (http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=11191 )
• “Os ataques do PCC – Consequências contemporâneas da exclusão social no Brasil”, breve análise inserida por Felipe C. no CMI, em junho de 2006 (http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2006/06/355812.shtml)
• “A matança dos suspeitos”, artigo de Maria Rita Kehl publicado em Maio/2006 pela Carta Maior (http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=3199)
• “20 Anos do Caso Acari: Não ao Esquecimento, Sim à Justiça!”, da Rede de Comunidades e Movimentos Contra Violência do Rio de Janeiro, que trás a discussão sobre a “Era das Chacinas” (http://www.redecontraviolencia.org/Atividades/612.html)
• “Grupos de Extermínio matam com a certeza de impunidade”, matéria de Tatiana Merlino publicada na Revista Caros Amigos em Junho de 2010, sobre os Crimes de Abril de 2010 na Baixada Santista (http://maesdemaio.blogspot.com/2010/07/reportagem-da-revista-caros-amigos.html)
• “Madres de Mayo: La difícil democratización del estado genocida en Brasil”, artigo escrito pelo jornalista uruguaio Raul Zibechi em Abril de 2010 (versão em espanhol e versão em português)
• “Mães de Maio: uma ferida aberta na democracia brasileira”, artigo do Defensor Público do Estado de São Paulo, Bruno Shimizu, em Boletim IBCCRIM. São Paulo : IBCCRIM, ano 19, n. 227, p. 15-16, out., 2011. (http://maesdemaio.blogspot.com/2010/07/reportagem-da-revista-caros-amigos.html)
[1] Patrullas Abiertas (N. de la ed.)
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